A partir de la declaración de su relativa independencia política -1825- el país se vio enfrentado a organizar un sistema escolar que atendiese mínimamente a su aún escasa población. Las autoridades nacionales y departamentales -empero- no supieron responder adecuadamente a esas exigencias: se dictaron gran cantidad de leyes, decretos y disposiciones diversas, pero en los hechos los recursos económicos y humanos volcados a la tarea resultaron siempre muy inferiores a los invertidos en solventar enfrentamientos políticos y militares (varias revoluciones, motines, guerras civiles, etc.) El atraso escolar, la incuria de los gobernantes, fueron claramente denunciados por un contundente informe del Dr. Palomeque (Secretario del Instituto de Instrucción Pública) en 1855, que propuso las bases para una organización educacional que no se llevó, sin embargo, a cabo.